La victimización y la percepción de inseguridad...

IUDOP Boletín de prensa Año XXIV, No. 5

Más de la mitad de la población salvadoreña dijo sentirse insegura en su propio barrio por la posibilidad de ser víctima de la delincuencia, según revela la más reciente encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana «José Siméon Cañas» (UCA) de El Salvador. El estudio, realizado con el propósito de conocer la percepción de inseguridad y establecer los niveles de victimización a causa de la violencia y el crimen que enfrentó la población salvadoreña en el último año, se realizó entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 2009, con una muestra de 2,414 personas adultas y con un error muestral de más o menos 1.9 por ciento.

La encuesta muestra que el 16.4 por ciento de la población fue víctima directa de un asalto o hecho delincuencial en los 12 meses previos a la realización del sondeo, mientras que el restante 83.6 por ciento declaró no haber sufrido ningún hecho criminal en el último año.

Una comparación de este dato con el registrado en anteriores encuestas cursadas por el IUDOP, muestra que, en términos de victimización general, hay una tendencia al alza, que inició en 2006 (14.8 por ciento) luego de que en 2004 se reportó una disminución en los niveles de victimización (12.8 por ciento).

Por otra parte, la encuesta encontró que la victimización por violencia general afecta mayoritariamente a las personas que residen en el Área Metropolitana de San Salvador, en las zonas urbanas, a los más jóvenes y a las personas con mayor escolaridad y condición socioeconómica.

A su vez, el 88 por ciento de las víctimas de un hecho delincuencial perdió dinero o algún objeto de valor en el incidente, lo que sugiere que se trata mayoritariamente de robos o intentos de robos. De acuerdo con lo declarado por las víctimas, el promedio de lo perdido asciende a los 536.65 dólares. Asimismo, al indagar sobre los lugares de ocurrencia de los delitos, la mitad (49.9 por ciento) declara que ocurrieron en calle, el 26.3 por ciento en el bus, el 13.4 por ciento en su propia vivienda, el 5.3 por ciento en el vecindario, el 2.5 por ciento dijo que sucedió en su lugar de trabajo o estudio y el 2.5 por ciento mencionó otros lugares. Estos datos confirman que los espacios públicos son los lugares donde se reporta la mayor incidencia de hechos delincuenciales.

La encuesta preguntó además a los salvadoreños y salvadoreñas por diversos tipos de victimización que pudieron haber sufrido en el último año. Los datos muestran que a nivel nacional, los delitos que están afectando más a la población son los asaltos a mano armada (7.3 por ciento), las amenazas a muerte (6.6 por ciento), los robos en el hogar (5.4 por ciento), la extorsión (4.8 por ciento) y la renta (3.9 por ciento). Al agrupar extorsión y renta, éstos se convierten en los delitos de mayor afectación para la población (8.7 por ciento).

Hechos como el robo de vehículos o motocicletas, sólo le ocurrieron al 3.3 por ciento de quienes dijeron poseer alguno de estos automotores y un 2.3 por ciento indicó que un pariente que reside en su casa había sido asesinado en los 12 meses previos al estudio.

Enlace al boletín con el resumen de la encuesta: http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletin5_2009.pdf

Enlace a la publicación completa de la encuesta:http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/informe123.pdf

¿Dónde se inicia el tratamiento penitenciario...?

Tradicionalmente, los centros penales, las penitenciarías y demás instalaciones similares, son vistos por la sociedad como el lugar para concentrar antisociales, esos seres que de una u otra forma han causado daño, perjuicio o temor a sus congéneres por la comisión de hechos delictivos. En esta línea de pensamiento, los centros son concebidos en el imaginario popular, como de igual esencia que los asilos que antaño alojaban a los enfermos mentales.
Modernamente, se considera que los centros penales o penitenciarios son espacios acondicionados para el alojamiento preventivo de personas en conflicto con la Ley o para el cumplimiento de penas impuestas a esas mismas personas para resarcir daños inflingidos a individuos y a la sociedad misma.
En este sentido, los establecimientos penitenciarios deben reunir características especiales para facilitar el tratamiento, rehabilitación y reinserción social productiva de las personas en ellos confinados.
¿Dónde comienza el tratamiento penitenciario...?
La pregunta no es inoficiosa, sino consecuente con la necesidad de atención integral que se requiere. Los programas de tratamiento no ocurren en el vacío, sino en espacios en los que se dan cita los sujetos a ser tratados y los responsables de brindarles el tratamiento.
Con esta verdad de Perogrullo, pero necesaria, sostenemos que el tratamiento penitenciario comienza desde la concepción del sistema mismo y de las instalaciones en que conviven la población penitenciaria, los técnicos y profesionales responsables de su tratamiento y el personal de custodios responsables de la seguridad de todos...
No se puede evaluar ningún tipo de programa de intervención con privados de libertad, sin evaluar previa o conjuntamente, las condiciones en que los programas deben ejecutarse, un factor que muchos tendemos a olvidar.
A pesar de lo que muchos puedan pensar y objetar, las prisiones y los centros penitenciarios, deben contar con espacios adecuados, iluminados, ventilados, higiénicos y decorosos, con un ambiente "laboral" que favorezca la inclusión y la rehabilitación, como paso previo a la reinserción que, algunos teóricos actuales, sugieren que es inoperante porque ¿cómo se puede reinsertar lo que no ha estado insertado...?
Aunado al ambiente y el clima laboral, debemos atender también a la formación, capacitación, evaluación y actualización del personal a cargo del tratamiento, así como al desarrollo, evaluación y actualización de los programas generales o especializados que estarán dirigidos a los privados de libertad....
Sin importar que los programas sean desarrollados localmente o se importen como producto del intercambio de experiencias y buenas prácticas, todos ellos deberán estar fundamentados en la investigación científica y en  información veraz, coherente y pertinente con el propósito rehabilitador...
No podemos ni debemos, continuar con ensayo y error desistematizados, o peor aún, importando e impartiendo contenidos alejados o divorciados de las dinámicas criminales y delincuenciales de nuestros países...