Educación en ambiente penitenciario

Derechos Humanos
Nuevo informe del Relator Especial para el Derecho a la Educación discute la situación educativa de las personas privadas de libertad

Documento fue presentado por Vernor Muñoz al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día 2 de junio
FUENTE: http://www.campanaderechoeducacion.org/news.php?i=276&L=es

El Derecho a la Educación de personas en la cárcel es el tema del "Informe de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales e Culturales, incluyendo el Derecho al Desarrollo" que el Relator Especial para el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Asamblea General el día 2 de junio.

El informe defiende que la enseñanza en la cárcel es más que una medida de reintegración social de las personas privadas de libertad, de preparación para que consigan trabajo después de libertadas, o aún una forma de prevenir la reincidencia. La educación, dice el Relator, "más que una herramienta para el cambio es un imperativo en si propia". Así se contrapone el concepto de una educación correctiva a otro que considera que la educación es un derecho humano.

El análisis ha incorporado las contribuciones de actores relevantes, como gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, ONGs y de las propias personas que viven en contextos de encierro. En las páginas del informe se identifican las particularidades que caracterizan a las mujeres prisioneras y a los niños, así como demás personas del sexo masculino en la cárcel – cada grupo tiene necesidades y condiciones específicas respecto al acceso a la educación.

La versión en inglés ya está disponible en la página del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y en breve se dará a conocer la versión en español. Lea, a seguir, entrevista con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz:

¿Como el informe analiza la situación de la educación en la cárcel?
Si la realización del derecho a la educación de por sí enfrenta limitaciones y amenazas profundas, en la cárcel esas limitaciones y amenazas se multiplican. Las personas privadas de libertad no solamente son discriminadas y estigmatizadas por su condición, sino que enfrentan además la ausencia de financiamiento educativo, de docentes preparados y la ausencia de libros de texto y material didáctico, entre otros. Además, hemos visto que en los centros de detención, la oferta educativa es generalmente muy limitada, prácticamente inexistente para personas con discapacidades y nada, absolutamente nada pertinente para la atención de las necesidades de los y las privadas de libertad.

No existe tampoco una relación orgánica entre la pretendida función rehabilitadora de la cárcel y la oferta educativa, de modo que la aspiración a desarrollar una educación que realice y potencie los derechos y las oportunidades, en el caso de las prisiones sigue siendo un sueño lejano. O una pesadilla, en muchos casos.

¿Cómo se ha hecho el informe – investigación de datos, número de países visitados, criterios adoptados…? ¿Algún caso que merece destaque?
Todos mis informes, y éste no es la excepción, se preparan recurriendo a fuentes gubernamentales, fuentes de la sociedad civil y fuentes de organizaciones intergubernamentales. Pero además, usualmente hago consultas directas a niños, niñas y adolescentes y a personas involucradas personalmente con el tema del informe. En este caso, con la ayuda invaluable de muchas organizaciones y colegas, hicimos una amplísima consulta a personas privadas de libertad, quienes atendieron nuestro llamado y nos enviaron cientos de cartas, documentos y registros en el que consignan sus puntos de vista y sus propias recomendaciones sobre la situación de la educación en las prisiones. Lamentablemente, no logramos obtener los puntos de vista de todos los países ni de todas las regiones.

Sin embargo, las opiniones de los y las prisioneras, confirmaron muchas de las hipótesis de trabajo y ofrecieron múltiples ejemplos de los hechos que encontramos en nuestras visitas y en las informaciones obtenidas de los Estados y ONGs. Preparamos un cuestionario a los gobiernos y obtuvimos respuestas de Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazakstán, Letonia, Lebanon, Lituania, Islas Mauricio, México, Noruega, Omán, Perú, Polonia, República de Moldavia, Romania, Singapur, República Eslovaquia, Surinam, Suiza, Suazilandia, República Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Reino Unido, Ucrania y Uzbekistán.

Durante mis visitas oficiales a países, siempre incluyo centros de detención de adultos-as y de personas menores de edad. El caso que me interesaría destacar en esta entrevista, es el de adolescentes que egresan de prisión y que no logran incorporarse de nuevo a los procesos educativos. Las informaciones que disponemos demuestran claramente que los chicos y chicas regresan a sus comunidades, pero difícilmente regresan a sus escuelas, de manera que el sistema penitenciario para personas menores de edad, no sólo tiene un efecto criminalizador, sino además segmenta y excluye a los y las jóvenes que buscan nuevas oportunidades para vivir con dignidad.

¿Cuál fue la principal preocupación que orientó la elección del tema?
Cuando inicié mi mandato, decidí dedicar mis esfuerzos a la atención de las comunidades y grupos humanos que son históricamente excluidos. Por esta razón he producido informes sobre la situación de las niñas, de las personas con discapacidades y de las víctimas de emergencias naturales y conflictos armados.

Dada la ausencia de información sobre la situación de las personas detenidas y a la falta de un interés legítimo hacia estas personas, me propuse también informar al respecto, con varias intenciones: primero, recordar a la comunidad internacional que el derecho humano a la educación no puede ser suspendido ni negado bajo ninguna circunstancia; segundo, que la educación es un derecho que además permite a las personas construir y obtener oportunidades, de modo que en el caso específico de los sistemas penitenciarios, juega un papel estratégico indiscutible; y tercero, me propuse demostrar con argumentos, cifras y ejemplos, cuáles son las tendencias educativas actuales en los sistemas penitenciarios y hasta qué punto fallan en respetar, proteger y promover la dignidad humana.

¿Existen diferencias entre la situación de las mujeres, niños y hombres en la cárcel en relación a la educación? ¿Cuáles son?
Las mujeres y los-as adolescentes son minoría entre la población privada de libertad. Las mujeres corresponden apenas a un 4% de la población privada de libertad. Sin embargo, los intereses, necesidades y derechos de las mujeres y las y los adolescentes, son ampliamente violentados en los contextos de encierro. No existe en la mayoría de los países, por ejemplo, ninguna valoración preliminar de las necesidades educativas de las mujeres al momento de ingreso en prisión y la oferta pedagógica para ellas sigue siendo en muchos casos enfocada en la capacitación para tareas estereotipadas, como la cocina y las manualidades. No se trata de una verdadera educación y esta situación empeora si consideramos que el perfil de la mujer encarcelada, es el de una persona empobrecida, desempleada, joven y con historia de exclusión social y educativa. Estas características continúan siendo invisibilizadas en la oferta educativa. En el caso de las personas adolescentes privadas de libertad, la respuesta prevaleciente de los gobiernos es la punitiva, antes que la educativa. La educación sigue siendo una de las últimas prioridades y esto lleva a la ausencia de indicadores o de sistemas de monitoreo que permitan siquiera conocer las tasas de participación de los chicos y chicas en la educación en prisiones.

¿Cómo es posible diferenciar una educación correctiva de una educación como derecho humano?
Esta diferencia debería poderse identificar a partir de los fines que la educación propone. La educación debe ofrecer y construir oportunidades de todo tipo: cognitivo, social, cultural, económico. Los sistemas correccionales han fallado dramáticamente en todo el mundo. Tal como indicaba el Profesor Zaffaroni: "enseñar a vivir en libertad mediante el encierro, es como enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor".

¿Cuáles son las principales recomendaciones – u obstáculos a superar, quizá – para que la educación en la cárcel sea finalmente entendida como un derecho humano?
Hay mucho camino que falta por recorrer y los retos permanecen en prácticamente todos los ámbitos del quehacer social y gubernamental. Debe empezarse por asegurar y garantizar constitucionalmente el derecho a la educación para TODOS y TODAS. Deben garantizarse fondos públicos suficientes para que las personas detenidas tengan oportunidades educativas y esas oportunidades deben atender las necesidades específicas de las personas, por lo que resulta indispensable no limitar la oferta a la educación primaria o vocacional, sino ampliarla a la secundaria y universitaria. Los estados deben conocer, estudiar y contrarrestar las barreras sociales que enfrentan las y los prisioneros, de modo que la oferta educativa signifique realmente una oportunidad de libertad en todos los sentidos. Los programas educativos deben atender con especial interés la diversidad humana en los centros de detención y particularmente velar por el interés superior de las personas menores de edad y por las necesidades y derechos de las mujeres y las mismas personas privadas de libertad, debería tener la posibilidad de participar activamente en el diseño curricular. Nadie mejor que ellos y ellas conoce sus necesidades. Este ejercicio, además, puede combatir la tendencia a ofrecer a las y los prisioneros cursos inútiles e innecesarios.

Vea aquí el Informe "El Derecho a la Educación de personas en la cárcel" (en inglés).

*Eugênio Raúl Zaffaroni, Professor de la Universidad de Buenos Aires y Ministro de la Suprema Corte de Argentina, considerado uno de los mayores expertos en derecho penal del mundo.

Diseñan un nuevo tratamiento para reclusos drogodependientes

FUENTE: http://www.ellibrepensador.com/2009/08/21/disenan-un-nuevo-tratamiento-para-reclusos-drogodependientes/

21/08/09 | por SINC | Sección: Ciencia y tecnología

Más del 90% de los reclusos drogodependientes en la cárcel de Villabona presenta, al menos, un trastorno asociado al consumo de drogas como depresión o ansiedad, según un reciente estudio de la Universidad de Oviedo. Con motivo de ese trabajo, una joven investigadora conocerá de primera mano los tratamientos de desintoxicación más avanzados en EEUU. El objetivo es adaptar por primera vez una terapia de deshabituación que tenga en cuenta las patologías psíquicas y que pueda aplicarse en el entorno penitenciario.

Más del 75% de los reclusos españoles consumía drogas el mes antes a su ingreso en prisión, según la encuesta nacional ESDIP 2006. Pero si los efectos de la droga se entrelazan con una patología psíquica se produce una patología dual. Como explica Ana González Menéndez, profesora de Psicología e investigadora del Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo, el Grupo no tiene constancia de que existan estudios acerca de la proporción de personas con patología dual en el entorno penitenciario español.

"Se trata de un dato importante, porque estas personas no responden al estilo terapéutico que se lleva a cabo en los programas de desintoxicación tradicionales. En cuanto a nuestro estudio, hemos obtenido los datos utilizando un instrumento de detección y lo ideal sería un diagnóstico más exhaustivo, pero no hay duda de que este problema es más frecuente de lo que se pensaba", afirma Ana González.

María José Casares es la joven investigadora del Grupo que permanecerá tres meses en la Universidad de Pensilvania (EEUU) con ayuda del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado (PCTI). En el marco de su tesis doctoral, también financiada por el PCTI, estudiará las posibilidades de llevar a cabo un tratamiento psicológico en el contexto penitenciario.

Para ello, aplicará algunas de las técnicas y terapias más avanzadas en el tratamiento de la drogodependencia que está conociendo en el Treatment Research Center y en el Treatment Research Institute de la Universidad de Pensilvania, y prestará especial atención a la evaluación y diagnóstico del perfil de personalidad de los reclusos o la gravedad de la adicción, entre otras variables.

¿Qué falla en el enfoque convencional?

En palabras de María José Casares, "el tratamiento tradicional de confrontación produce una considerable resistencia en las personas con patología dual, así como un incremento en los niveles de ansiedad que es perjudicial para su estabilidad". Por eso, explica, plantean como tratamiento la combinación de terapia cognitivo-conductual junto con sesiones iniciales de entrevista motivacional para potenciar la toma de conciencia de la necesidad de un cambio de conducta.

"Con la técnica que proponemos, el recluso no se siente juzgado. Así se consigue más colaboración y el establecimiento de una alianza terapéutica que incrementa la adherencia al tratamiento, muy importante si tenemos en cuenta que uno de los principales problemas de este tipo de intervenciones es el abandono del tratamiento en fases tempranas", afirma María José Casares.

Además, y bajo la dirección de Ana González, María José Casares ha abordado un ambicioso análisis de la situación de las personas que ingresan en prisión y de aquéllos que deciden seguir una terapia de desintoxicación. "Es importante conocer las variables que llevan a las personas a buscar tratamiento por si se puede intervenir en ellas de algún modo, por ejemplo, incrementando la motivación", explica.

Algunos datos

Las investigadoras puntualizan que los resultados que han obtenido a partir de una muestra de 112 reclusos no indican que la situación en Villabona sea peor que la de otros centros penitenciarios, sino que reflejan una realidad poco conocida debido al escaso volumen de investigaciones que se abordan en este ámbito.

El estudio pone de manifiesto que casi tres de cada cuatro internos drogodependientes en el centro penitenciario de Villabona consumen más de un tipo de sustancias. La droga más consumida es la cocaína, a la que están "enganchados" un 89% de los internos drogodependientes. El 80% de ellos consume cannabis, el 62% heroína y el 32% es dependiente del alcohol. No obstante, señala María José Casares, "La prevalencia del trastorno por dependencia alcohólica va en aumento en este entorno, puesto que las medidas penales para los delitos de conducción bajo los efectos de sustancias se han endurecido".

En cuanto a los datos de los reclusos en general (no ya sólo los drogodependientes), las investigadoras señalan que el 80% tiene al menos un trastorno. El más frecuente es el de personalidad antisocial, seguido de trastornos psicóticos, depresivos y ansiosos. Además, el 48% presenta alguna enfermedad crónica física asociada al consumo de drogas, como VIH, Hepatitis C o cirrosis hepática. Más del 80% de los reclusos presentan otras enfermedades crónicas sin estar necesariamente asociadas al consumo.

Por otra parte, el 40 % de los internos considera que no tiene cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido con los ingresos de que disponen. Según el estudio, el interno tipo respondería al siguiente perfil: un varón con una edad media de 34 años, soltero, sin hijos y sin ninguna titulación académica.

Como avanzan las investigadoras, la revista científica International Journal of Clinical Health Psychology publicará próximamente algunas de las últimas conclusiones de este trabajo.

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Unidad libre de drogas

Ana González orienta el trabajo de María José Casares a partir de su experiencia en la evaluación de la eficacia de un programa libre de drogas en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona, un proyecto financiado con 40.000 euros por el PCTI del Principado entre 2005 y 2007.

"La UTE de Villabona marca una gran diferencia con el resto de los módulos penitenciarios. Los reclusos que pertenecen a ella, por voluntad propia, están en proceso de desintoxicación y dedican su tiempo a actividades productivas. No obstante, y pese a los logros ya obtenidos, no tienen acceso a una atención especializada y son muy necesarias ciertas mejoras", afirma Ana González.

Entre las medidas que proponen las investigadoras se encuentran dotar de formación específica a los administradores del programa y el establecimiento de un tratamiento integrado donde se intervenga no sólo sobre el consumo de sustancias, sino también sobre los trastornos psicopatológicos. Además, señalan "es necesario establecer una intervención protocolizada que se base en la evidencia científica y lograr un consenso sobre los instrumentos a utilizar para los diagnósticos psicopatológicos, entre otros aspectos".

Fuente:  FICYT