Máster en Criminología y Ciencias Policíacas
MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010
A principios de esta semana, un programa televisivo reveló los resultados de una encuesta desarrollada por la prestigiosa firma de sondeos Consulta Mitofsky, en la que se evaluó la opinión de los ciudadanos en relación al desempeño del Presidente Funes y el trabajo gubernamental en las áreas de economía, salud y seguridad. Entre los más importantes hallazgos presentados, figura el que aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreños consideran que la situación de seguridad pública en el país está en decadencia. Esta cifra representa un incremento en la cantidad de personas que evalúan negativamente el tema, según lo obtenido en mediciones anteriores.La percepción ciudadana capturada a través de dicho instrumento es congruente con la realidad planteada por la ascendente tendencia de la incidencia delincuencial, en donde el número de extorsiones y homicidios perpetrados a nivel nacional ha alcanzado niveles sin precedentes en años recientes. Sin embargo, además de enfrentar una mayor frecuencia en la comisión de ilícitos, otras encuestas similares a la antes mencionada han establecido que la población desconfía de las autoridades y opinan que su desempeño es pobre.
Los analistas explican que la ciudadanía ha percibido que lo titulares de las diferentes instituciones del sistema de seguridad han dado señales que indican que las están dirigiendo con sesgos político-partidarios. Agregan que el discurso oficial en relación al combate de la delincuencia se ha enfocado excesivamente en la prevención y no en la represión del delito, y que las diferentes y variadas iniciativas (incluyendo la última lanzada por el Ejecutivo) carecen de la estructura, cohesión y contundencia necesaria para despertar esperanza.
La semana anterior pandilleros y familiares de sus compañeros que se encuentran purgando penas dentro del sistema penitenciario, marcharon por las calles de San Salvador exigiendo diferentes prerrogativas y cambios en las prácticas correctivas en beneficio de los reos. Adicionalmente, durante su recorrido mancharon y destruyeron propiedad privada y consumieron droga al aire libre, todo ante la presencia de personal policial que se encargó de escoltar la manifestación. Algunos jefes policiales que solicitaron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, revelaron a los medios de comunicación que habían recibido instrucciones que venían desde la Dirección General, específicamente prohibiéndoles actuar conforme dicta la ley en este tipo de incidentes.
La ciudadanía, como consecuencia, observó imágenes televisivas en donde pandilleros manchaban propiedad privada y fumaban marihuana en aparente custodia policial. Esto ha despertado un sentimiento de indignación generalizada, muy bien expresada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en un comunicado publicado el pasado lunes. En cualquier conversación amistosa en diferentes contextos sociales es inevitable que se inicie una discusión sobre el tema de seguridad, la inefectividad de los planes publicados y el perfil inadecuado de los titulares de las instituciones de la cartera correspondiente. He llegado hasta escuchar a abuelas bromear que irán adonde el Director de la Policía a solicitar seguridad para ir al parque con sus nietos, engañándole argumentando que sus hijos son pandilleros, para así asegurar que les dará escoltas y carros patrullas como en la manifestación para ir bien protegidos a jugar.
Las autoridades de seguridad tienen que presentar planes concretos que tengan efectos inmediatos que resuelvan la inseguridad experimentada por los salvadoreños. Además deben formular una estrategia de comunicaciones para atacar esta percepción de trato blando, si en realidad se pretende atacar la delincuencia frontalmente. La población, por otro lado, no debe de dejar de exigirle al gobierno el tratamiento que piensa debe de recibir la criminalidad.
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